En España las rentas del trabajo (sueldo obtenido trabajando), por encima del mínimo exento, pagan según ingresos entre un 24 y un 43%; las rentas del capital (plusvalías obtenidas especulando en bolsa, intereses, dividendos,…) tributan al 18%, pero gracias a las exenciones, reducciones, bonificaciones y deducciones terminan tributando realmente al 7%; por otra parte, las grandes fortunas tributan al 1% mediante el instrumento de las SICAV.
Decir que las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) es un híbrido de inversión a caballo entre una sociedad anónima y un fondo de inversión con la particularidad de que tributa al 1%, y que puede, incluso, diferir el pago anual de impuestos. Actualmente este instrumento de inversión es uno de los más utilizados por personas con grandes capitales. Las tres sicavs mayores de España son las de Alicia Koplowitz, la familia Del Pino (los máximos accionistas de Ferrovial), y Rosalía Mera (ex mujer de Amancio Ortega, la mayor fortuna española y una de las diez mayores del mundo; propietario de las marcas comerciales: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho).
El desequilibrio entre el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo y del capital en el IRPF es enorme, lo que confirma la idea de que el impuesto sobre la renta es un tributo que pagan realmente quienes tienen una nómina. Los datos de la Memoria Tributaria corroboran esta idea. Las rentas del trabajo (principalmente generadas por los asalariados) suponen el 75,5% del IRPF, a años luz de las rentas del capital, que representan apenas el 15% del impuesto. Las rentas derivadas de actividades económicas (profesionales o empresarios) apenas suponen el 7,2% de la estructura del impuesto.
Además, más de un tercio de los ingresos del Estado procede del IVA; El IVA, al ser un impuesto plano en su alícuota, que grava productos de primera necesidad, impone un esfuerzo tributario mayor a las clases bajas.
La discusión sobre la progresividad o la regresividad de un impuesto está vinculada al principio tributario de "equidad", que a su vez remite al principio de "capacidad tributaria" o contributiva. El concepto de equidad indica que, a mayor renta, consumo o patrimonio, debe aportarse en mayor medida para conseguir la "igualdad de esfuerzos". Lo antagónico y contrario a ello, esto es, la parcialidad y la injusticia es lo que se ha venido calificándose generalizadamente con el término "regresividad", con el cual se califica a los impuestos que exigen un mayor esfuerzo contributivo a quienes menos capacidad tributaria tienen, en especial el IVA.
La evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 80.000 millones de euros en el último año. Por otra parte, el fraude fiscal se sitúa en el 23% del PIB, cuando la media europea es del 13%. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que se pierden 241.000 millones de euros por fraude fiscal en España.
Por eso, desde nuestro espacio convergente proponemos un descenso en los impuestos indirectos (principalmente IVA, hidrocarburos, etc.) e incremento en los impuestos directos en los tramos altos (IRPF, Sociedades, etc.); recuperación íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio que se anuló en 2008 y que se aplicaba a los que tenían un patrimonio neto superior a 300.000 euros, esto es 1.000.000 de personas (el actual se aplica a partir de 700.000 euros y afecta solo a 160.000 personas); establecimiento de la tasa financiera a los movimientos especulativos de capital; incremento importante de los impuestos a las SICAV (Sociedades de inversión de capital variable) que tributan mínimamente; así como una lucha enérgica e implacable contra el fraude fiscal y la evasión de capitales.
Las grandes corporaciones empresariales, así como las grandes fortunas y rentistas de este país han logrado evitar tributar, de forma equitativa a su capacidad, a las arcas públicas; haciendo buena la célebre frase del ex ministro Fernández Ordóñez: "Cada vez tengo más amigos que son personas jurídicas y menos personas físicas".
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