Según nos informa Europa Press, en una reciente sentencia la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado suspender de manera cautelar la resolución de 27 de febrero de 2009 por la que se encomienda a Sadesi, sociedad mercantil adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la operación y soporte de sistemas de gestión empresarial implantado en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Consejería de Presidencia.El sindicato recurrente afirma que "la atribución de potestades públicas al personal de la mercantil sería contraria a Ley y supone el reflejo de la huida del Derecho Administrativo que está experimentando la Administración andaluza, variando de contenido las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos", añadiendo que el interés general "no se vería perturbado, puesto que las tareas de la encomienda están siendo desempeñadas por el personal funcionario" de Presidencia.
El referido Tribunal "ya ha estimado el recurso 597/2008 del mismo sindicato contra otra encomienda de gestión, al entender que contenía el ejercicio de potestades públicas reservadas a los funcionarios", por lo que acuerda adoptar la medida cautelar solicitada y suspender la referida resolución.
Por su parte -se nos dice desde algunos medios de comunicación progresistas- en la Junta de Extremadura han crecido como hongos las encomiendas de gestión a las empresas públicas mercantiles integradas en el Holding GPEx con la excusa de la eficiencia, eficacia, calidad y agilidad; pero suponiendo en realidad una clara huída del control del derecho administrativo y laboral, al tiempo que poniendo en evidencia la imparcialidad propia de una Administración; fundamentalmente en la igualdad de trato en la contratación o en la selección del personal mediante procesos no discriminatorios en los que se evalúe objetivamente el mérito y la capacidad, procesos que sean realizados con publicidad en la selección; A estas irregularidades se suman también las peores condiciones laborales y menor sueldo de los empleados de la GPEx en relación a los funcionarios que hacen un similar trabajo, la gran temporalidad, la absoluta precariedad, la reducción de derechos de los trabajadores eventuales, ... ; en definitiva, la privatización de la Administración Pública por la puerta de atrás.
Como decíamos días atrás haciéndonos eco de las opiniones sindicales que sobre este Holding de empresas mercantiles GPEx se escuchan en diferentes foros, es conveniente reseñar y subrayar lo siguiente:
"Cuando se gestionan fondos del bolsillo de todos, fondos públicos, no se debe contratar libremente la realización de trabajos, ejecuciones de obras, etc., pues la adjudicación de cualquier tipo de trabajo u obra debe ser transparente y mediante concursos públicos. En definitiva, cualquier ciudadano o empresario debe poder acceder a ellos en régimen de igualdad; pero ello sólo es posible si se actúa como Administración pública, que está sometida a la Ley de Contratos, que garantiza esta igualdad e imparcialidad; y estas 'empresas públicas' escapan de este control del procedimiento y la legalidad."
"Partiendo del planteamiento del Señor Ruiz (Director General de Gpex), de 'hacer más con menos' tenemos que decir que ello lo consigue, siguiendo los preceptos más radicales del neoliberalismo salvaje que 'parece' en clara contradicción con los principios y actuación del Gobierno de la Nación y de su Presidente, recortando derechos y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores, con salarios bajos, prolongación de jornadas laborales, desigualdad de derechos y precariedad en el empleo, ya que un alto porcentaje de los trabajadores son contratados temporales."
"Sorprende que en tiempos de crisis, este Holding empresarial obtenga beneficios, cuando el lucro no es la finalidad, sino que los beneficios obtenidos deben revertir en la prestación de unos mejores servicios de calidad a la ciudadanía. Queremos creer que a ello también habrán contribuido los altos cargos de estas empresas públicas con la disminución de sus sueldos. Y suponemos que con el mismo criterio defendido por el Señor Ruiz Peña de 'hacer más con menos' también se debería de reducir el equipo directivo."
"Cuando estamos hablando del sector público, el acceso al trabajo en estas empresas debe regirse por los mismos principios legales que para acceder a la Junta de Extremadura: igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección de personal. Y que a estas empresas, en principio no les afectan, ya que aunque formen parte del sector público, no están sometidas a la aludida Ley ni a los principios antes indicados. Y cuando la empresa es pública debería estar sometida a las mismas leyes que rigen para la Administración pública. Por lo tanto, a sus trabajadores se les debe aplicar el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura, para que no existan discriminaciones y desigualdades entre los propios trabajadores."
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