Otorgar validez académica, como formación reglada, a los cursos de actualización destinados al personal asalariado

Miguel Bernal, el secretario general de UGT de Extremadura, siempre me ha parecido una persona inteligente que hace propuestas muy sensatas que hay que tener en cuenta. Sus palabras a los medios de comunicación en la firma del Pacto por la Formación Profesional de Extremadura de nuevo confirman esta sensación que tengo.

Antes de abordar el contenido de las palabras de Miguel Bernal, quiero hacer constar que este Pacto por la Formación Profesional de Extremadura promueve la cooperación y participación de las administraciones y agentes en la cualificación de la población que desee formarse; y esto es importante por lo que a continuación expongo.

La administración pública regional tiene una plantilla de personal importante con unas enormes ganas de formarse y actualizar sus conocimientos. La Escuela de Administración Pública de Extremadura (EAP), siempre lo he dicho, es uno de los servicios con que cuenta la Junta de Extremadura que mejor funcionan, sobre todo en esta última etapa. Pero pienso sinceramente que aún podemos mejorar más y mejor si vinculáramos la formación profesional reglada a las ganas de aprendizaje del personal asalariado de la institución y a las buenas metodologías didácticas de la EAP.

Esto posibilitaría que la formación que imparte la EAP tuviera también validez a efectos académicos, lo cual sería de agradecer por el personal dependiente de la Junta de Extremadura al tiempo que lo estimularía; consiguiéndose además una mayor funcionalidad de la misma en las promociones internas y en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. Todo ello sin incrementar los costos actuales que se aportan a la misma, sino todo lo contrario, reduciéndolos.

Las soluciones que nos llevaría a mejorar en calidad las acciones formativas descritas junto a la reducción de sus costes nos las aportan las palabras de Miguel Bernal, pues si hacemos posible ese "unificar criterios en las políticas formativas" la región dejaría de perder todos los años "unos 60 millones de euros por no utilizar los fondos de la formación que los empresarios y trabajadores pagan para que se formen estos últimos en las empresas". Si recabamos 60 millones de euros anuales podremos, o bien reducir los que la administración aporta, o bien sumarlos a estos si queremos mejorar y avanzar aún más y con mayores garantías de éxito.

Formar en las empresas, unificar criterios, aprovechar todos los recursos y otorgar validez académica, como formación reglada, a los cursos de actualización destinados al personal asalariado serían cuatro objetivos que la Junta de Extremadura debería considerar seriamente.

Por Javier Caso Iglesias. Plasencia (Cáceres)