30 aniversario de la Constitución

Establece la Constitución, así como el resto de la legislación que aborda el desarrollo de los derechos ciudadanos fundamentales, que la soberanía nacional reside en el pueblo, que la administración es un instrumento, una herramienta de la que el pueblo se dota a objeto de satisfacer sus necesidades y velar por la inalienabilidad de sus derechos; por último, establece esta norma, que la función del gobierno no es otra que la de ser un mero representante de ese pueblo, con el único cometido de impulsar, dinamizar, estimular las acciones de la administración para que su utilidad y servicio a los ciudadanos sea el más optimo posible.

Durante estos 30 años de democracia, durante estos 30 años de Constitución que llevamos vividos, la realidad, pregúntese a cualquiera, parece haber sido la contraria, esto es, unos gobiernos que se han dedicado a ordenar, mandar y hacerse valer, mediante una administración, sobre un pueblo al que únicamente se le ha atribuido el papel de pagano, en su acepción de paga impuestos; y al que sus derechos fundamentales le han sido entendidos como meras normas de procedimiento y no como lo que verdaderamente son, normas y derechos sustanciales.

Con el 30 aniversario de la Constitución lo que toca es la inversión de lo hasta ahora hecho con la misma, para ello no hace falta la reforma del texto constitucional, sino su simple y escrupulosa aplicación; en definitiva, su advenimiento.

Es hora ya, tras 30 años de ostracismo, que sus preceptos, que son nuestros derechos ciudadanos, se apliquen y respeten.

Es hora ya, tras 30 años de ostracismo, que la administración y los gobiernos sirvan al pueblo, siendo instrumentos eficaces y eficientes en el logro de los nítidos objetivos marcados en la Constitución.

Es hora ya, tras 30 años de ostracismo, que se nos garantice, como dice la Constitución, que los derechos del individuo y los grupos que integran la sociedad sean reales y efectivos.

Es hora ya, tras 30 años de ostracismo, que el derecho a la participación, al empleo digno y de calidad, a la vivienda, a un sistema productivo que satisfaga nuestras necesidades y del que nos sintamos orgullosos a nivel internacional, a unas relaciones sociales y de producción que fomenten el desarrollo integral de los seres humanos y el respeto a su dignidad, fueran evidencias y realidades constatables.

A día de hoy el 80 por ciento de la población desconfía de su administración, de los políticos y de los gobiernos. ¿Aún le queda a alguien algún tipo de duda de por qué será?

Fdo.: Javier Caso Iglesias. Plasencia (Cáceres)