Por Javier Caso Iglesias | Analista Político
Es un clamor del personal funcionario de la Junta de Extremadura, en especial las 1.275 personas que están pendientes del mismo, así como de las organizaciones sindicales, saber cuando se va a reunir la Comisión de Valoración del Concurso de Traslados de Funcionarios.
Recordar que fue a través de la orden de 23 de diciembre 2013 por la que se convocó la provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto. Que un concurso de traslado convocado en el año 2013 aún no haya sido resuelto dice mucho, y no precisamente bueno, de la eficacia de los responsables políticos e institucionales que tenemos. Por eso, entendemos, se debe resolver a la mayor celeridad posible este Concurso de Traslados de Funcionarios.
Comentar que el anterior concurso de traslados se convocó, por la Administración regional, con fecha de 4 de marzo de 2008. Hace justamente 8 años. Desde esa fecha los funcionarios no ha podido ejercer su derecho al traslado, causando esta situación, como así se indica desde las organizaciones sindicales a la Administración, un grave perjuicio a los funcionarios en su vida personal y familiar (conciliación, gastos de desplazamiento, alquileres, etc...).
Con esta misma lentitud han comenzado a elaborarse los certificados de méritos que, como vienen denunciando tanto sindicatos como funcionarios, están generando mucha controversia y desconfianza; en especial en lo relativo a las certificaciones que, sobre acreditaciones de experiencias, deben emitir las Secretarias Generales de las Consejerías o de los Organismos Autónomos. Esta realidad se está complicando por la desaparición y modificación de Consejerías, pues las nuevas experiencias están aún por definir, a lo cual se añade la inexistencia de contenido competencial concreto en los puestos; así como la falta de transmisión por circular, por parte de Función Pública, de criterios concretos y unitarios para certificar; sin discriminar a unos trabajadores respecto a otros en relación a si son los mismos criterios los que las Secretarías Generales han de aplicar a la hora de certificar.
Desde aquí reiteramos la propuesta, que ya han hecho suya otros sindicatos y que demandan los propios funcionarios afectados, de dotar a la resolución de la convocatoria de un funcionamiento organizado con criterios y calendario claro por parte de Función Pública que evite discriminaciones y recursos innecesarios; en especial en lo relativo a las certificaciones acreditativas de las experiencias, que deben de expedirse por las Secretarías Generales, valorando aquellas adquiridas hasta el final del plazo de la convocatoria del concurso, teniendo en cuenta nombramientos, órdenes de trabajo concretas y documentos fehacientes de responsabilidades directas. Sin otro criterio que no sea el ayudar a evitar la opacidad o la falta de transparencia en el proceso.
Recordar que fue a través de la orden de 23 de diciembre 2013 por la que se convocó la provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto. Que un concurso de traslado convocado en el año 2013 aún no haya sido resuelto dice mucho, y no precisamente bueno, de la eficacia de los responsables políticos e institucionales que tenemos. Por eso, entendemos, se debe resolver a la mayor celeridad posible este Concurso de Traslados de Funcionarios.
Comentar que el anterior concurso de traslados se convocó, por la Administración regional, con fecha de 4 de marzo de 2008. Hace justamente 8 años. Desde esa fecha los funcionarios no ha podido ejercer su derecho al traslado, causando esta situación, como así se indica desde las organizaciones sindicales a la Administración, un grave perjuicio a los funcionarios en su vida personal y familiar (conciliación, gastos de desplazamiento, alquileres, etc...).
Con esta misma lentitud han comenzado a elaborarse los certificados de méritos que, como vienen denunciando tanto sindicatos como funcionarios, están generando mucha controversia y desconfianza; en especial en lo relativo a las certificaciones que, sobre acreditaciones de experiencias, deben emitir las Secretarias Generales de las Consejerías o de los Organismos Autónomos. Esta realidad se está complicando por la desaparición y modificación de Consejerías, pues las nuevas experiencias están aún por definir, a lo cual se añade la inexistencia de contenido competencial concreto en los puestos; así como la falta de transmisión por circular, por parte de Función Pública, de criterios concretos y unitarios para certificar; sin discriminar a unos trabajadores respecto a otros en relación a si son los mismos criterios los que las Secretarías Generales han de aplicar a la hora de certificar.
Desde aquí reiteramos la propuesta, que ya han hecho suya otros sindicatos y que demandan los propios funcionarios afectados, de dotar a la resolución de la convocatoria de un funcionamiento organizado con criterios y calendario claro por parte de Función Pública que evite discriminaciones y recursos innecesarios; en especial en lo relativo a las certificaciones acreditativas de las experiencias, que deben de expedirse por las Secretarías Generales, valorando aquellas adquiridas hasta el final del plazo de la convocatoria del concurso, teniendo en cuenta nombramientos, órdenes de trabajo concretas y documentos fehacientes de responsabilidades directas. Sin otro criterio que no sea el ayudar a evitar la opacidad o la falta de transparencia en el proceso.
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