La siguiente reflexión se hace sobre la base de los artículos de prensa aparecidos en relación al tema de la presunta imputación de tres concejales socialistas, del
Ayuntamiento de Plasencia, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Parece ser que se ha formado un lío gordo en el pleno del
Ayuntamiento de Plasencia celebrado esta mañana. La prensa nos informa que la sesión escenificó que los dos grandes partidos se han declarado la guerra. Todo ello consecuencia de la contestación de la
Alcaldesa al concejal
Miguel Cantero diciendo que la denuncia por presunta corrupción, que implica a tres ediles socialistas (
Blas Raimundo,
Enrique Tornero y
Francisco Barbancho), era "una novela por capítulos, producto de su imaginación".
Hace unos días el
PSOE de Plasencia respaldaba a los tres concejales imputados por malversación. La
Asamblea Local del PSOE de Plasencia aprobó una resolución de "apoyo y respaldo unánime" a los tres concejales del
Grupo Municipal Socialista imputados en un presunto delito de malversación de caudales públicos.
"Siempre he actuado con rigor y jamás he validado nada que no se ajustara rigurosamente al procedimiento", es lo que mantiene
Barbancho cuando recuerda que ese procedimiento pasa primero porque el
Concejal de turno hace una propuesta de pago, el
Interventor la examina después y da un sí o un no a esa factura y el
Concejal de Hacienda la valida si el
Interventor ha dicho que si y no la valida en caso contrario; "y, por último, la
Alcaldesa valida si todo está bien".
El procedimiento de validación de facturas, según explica
Barbancho, pasa por varias fases:
1.- El
Concejal de turno hace una propuesta de pago.
2.- El
Interventor la examina para dar un sí o un no a esa factura.
3.- El
Concejal de Hacienda la valida o no en función del criterio del
Interventor.
4.- "Por último --añade
Barbancho-- la
Alcaldesa valida si todo está bien”.
"Siempre he actuado con rigor y jamás he validado nada que no se ajustara rigurosamente al procedimiento", es lo que afirma una y otra vez
Barbancho con respecto a la posible fragmentación de proyectos en varias facturas pequeñas para evitar el concurso público.
Desde mi punto de vista existe un procedimiento previo y obligatorio a seguir antes de tomar cualquier decisión y es el relativo a conocer la normativa aplicable, todo procedimiento a seguir está regulado por las leyes antes que por la costumbre o práctica burocrática. Más cuando el Interventor municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería pública licitación para adjudicarlas. Y aún más, también advirtió, al menos en uno de los expedientes, y de forma expresa, que "se prohíbe su fraccionamiento", pese a lo cual se habría hecho así para poder adjudicárselas directamente. Tengamos en cuenta que el valor de las obras que se investigan es superior al millón de euros.Recordemos que trabajos en
San Miguel y la sede del
Club de Piragüismo, también han sido denunciados. Se repetían las órdenes de pago al mismo nombre y por el mismo concepto.
Hasta ahora, se conocían cuatro obras, el
Aparcamiento Provisional en las Huertas de La Isla, trabajos de mantenimiento en la
Ciudad Deportiva, la
Pista de Motocross y Autocross y obras en la
Piscina Climatizada. En conjunto y, según la denuncia de la
Fiscalía Provincial de Cáceres, superaban los 615.000 euros. Pero mediante la prensa hemos podido saber que son más las obras objeto de investigación, entre ellas, trabajos en
Instalaciones Deportivas de San Miguel y en la sede del
Club de Piragüismo, que se encuentra en el parque de La Isla.
El denominador común es el fraccionamiento del coste de las obras para no tener que sacarlas a concurso público y adjudicarlas a dedo a la misma empresa, según la denuncia de la
Fiscal-Jefe Provincial.
En la documentación aportada en la investigación --un expediente que ronda los mil folios-- se encuentran órdenes de pago municipales que prueban el fraccionamiento porque, por cada obra, hay un cúmulo de órdenes emitidas el mismo día y por el mismo concepto a la misma persona. Ese era el
modus operandi, según la
Fiscalía Provincial de Cáceres, en la mayoría de los casos.
Sigamos analizando titulares y noticias de prensa.Dice
Barbancho: "Proclamo mi inocencia, siempre he actuado con todo rigor". El edil imputado afirma que validaba solo las facturas tras el 'sí' del
Interventor.
El
Concejal quiso aclarar su papel a la hora de dar el visto bueno a las facturas que, según el informe de la
Fiscalía Provincial, firmaban los concejales
Enrique Tornero y
Blas Raimundo tras fraccionar proyectos para no tener que sacarlos a licitación pública y adjudicarlos al constructor imputado.
Barbancho explicó que "el
Concejal hace la propuesta; el
Interventor la examina, nunca el
Concejal, y da un sí o un no a la factura, que después pasa al
Concejal de Hacienda, que solo la valida, no la firma y solo si el
Interventor ha dicho sí y, por último, la
Alcaldía la valida si todo es correcto", subrayó.
Cabe recordar que, según el informe de la
Fiscalía Provincial, el
Interventor hizo constar en los expedientes administrativos que para adjudicar las obras que se investigan se requería una licitación pública. También advirtió el
Interventor, al menos en uno de los expedientes y de forma expresa, que estaba prohibido su fraccionamiento.
Para eludir un concurso público, la
Fiscalía señala que se fraccionaba el pago de la obra. El caso más llamativo es el de las obras de mantenimiento de la
Ciudad Deportiva. En total se le entregaron 285.000 euros, cantidad que fue fraccionada en 29 facturas.
Hay otra 'obra mayor', la de la cubierta de la
Piscina Climatizada, que costó en total 130.000 euros; ese dinero se fraccionó en 13 partes.
Otra obra investigada es la de una
Pista de Motocross, que se anunció en el programa del
PSOE en las elecciones de 2007 y que, en buena lógica, podría ser costosa. Al constructor se le entregaron 104.000 euros en varias facturas. A la
Fiscalía no le cuadra que en varias facturas se dupliquen los conceptos. El vallado, cerramiento y compactación del terreno aparecen en varias de ellas.
Las facturas eran firmadas por los dos concejales imputados. Pasaban al
Concejal de Hacienda Francisco Barbancho y luego al
Interventor. Éste, en varias ocasiones, señaló por escrito que no se podía fraccionar el pago; pero pese a sus indicaciones se daba la orden de pagar.
La
Fiscalía ha señalado que en estos hechos se pueden ver cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.
El
Interventor placentino advirtió de que la forma de adjudicar ciertas obras no era legal.
En el informe de la
Fiscal-Jefe Provincial se hace constar la presunta connivencia de
Raimundo y
Tornero con dicho constructor para "la adjudicación de obras al margen de los procedimientos legalmente establecidos, mediante el fraccionamiento de los importes" de determinados proyectos.
Dado el importe de cada una de estas obras, todos superiores a los 100.000 euros, el
Interventor municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería pública licitación para adjudicarlas. Y aún más, también advirtió, al menos en uno de los expedientes, y de forma expresa, que "se prohibe su fraccionamiento", pese a lo cual se habría hecho así para poder adjudicárselas directamente.
Reitero, desde mi punto de vista existe un procedimiento previo y obligatorio a seguir antes de tomar cualquier decisión y es el relativo a conocer la normativa aplicable, todo procedimiento a seguir está regulado por las leyes antes que por la costumbre o práctica burocrática. Más cuando el Interventor municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería pública licitación para adjudicarlas. Y aún más, también advirtió, al menos en uno de los expedientes, y de forma expresa, que "se prohíbe su fraccionamiento", pese a lo cual se habría hecho así para poder adjudicárselas directamente. Tengamos en cuenta que el valor de las obras que se investigan es superior al millón de euros.Creo sinceramente que el PSOE se ha equivocado en dar su "apoyo y respaldo unánime" a los tres concejales del Grupo Municipal Socialista imputados en un presunto delito de malversación de caudales públicos, sin exigirles siquiera asumir su responsabilidad política por una práctica reprobable. Pues, como dice el Fiscal-Jefe Provincial, no se puede optar por "la adjudicación de obras al margen de los procedimientos legalmente establecidos, mediante el fraccionamiento de los importes".Lo más probable es que los concejales no se hayan llevado ni un duro a sus casas, pero la práctica, el procedimiento es irregular; de eso son conscientes hasta las concejales imputados, pues en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Plasencia de hace un mes, el Concejal de Obras, Blas Raimundo, pronunció la siguiente frase: "Siempre diré que soy honrado; el juez me acusará y me condenará, pero que quede claro que ni yo ni mi compañero nos hemos llevado un euro".
Si la ley prohíbe el fraccionamiento de facturas para evitar así el poder adjudicarlas directamente, el procedimiento, la práctica de fraccionarlas no se puede llevar a cabo. Y quién la lleve a cabo sabiendo que está actuando en fraude de ley, ha de dimitir del cargo que ocupa. Si una ley está mal elaborada se habrá de trabajar por cambiar la ley, no por vulnerarla; y mucho menos conscientemente, pues el Interventor del Ayuntamiento hizo constar de forma expresa que los expedientes requerían pública licitación para adjudicarlas y que "se prohíbe su fraccionamiento". Además, si el día de mañana una persona cercana o familiar de uno de los concejales imputados quedara en paro y ese concejal pidiera el favor al constructor de colocarlo en su empresa ¿se podría negar el constructor a contratar a ese familiar o persona cercana al concejal imputado? ¿No ha beneficiado el concejal imputado presuntamente al constructor? ¿No sería lógico la devolución del favor? Estas cosas son las que la ley intenta prevenir cuando mandata adjudicar a través de licitación pública.
Pero lo dicho, si una ley está mal elaborada se habrá de trabajar por cambiar la ley, no por vulnerarla.
Ya sabéis que defiendo la idea, como así lo he comentado en otras ocasiones, de que todos nuestros proyectos se realicen en red mediante lo que se conoce como partenariado (Grupo de entidades que se asocian para alcanzar objetivos compartidos en la planificación de una intervención o en su evaluación). Este modelo se valora mucho por las sinergias que genera. Además posibilita lograr grandes proyectos de intervención por la cantidad de actores que participan. Se asienta, además, en los principios básicos de acuerdo integrativo (ganar-ganar), frente a la lógica desintegrativa (ganar-perder) de los proyectos individuales.
