La siguiente reflexión se hace sobre la base de los artículos de prensa aparecidos en relación al tema de la presunta imputación de tres concejales socialistas, del Ayuntamiento de Plasencia, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.Parece ser que se ha formado un lío gordo en el pleno del Ayuntamiento de Plasencia celebrado esta mañana. La prensa nos informa que la sesión escenificó que los dos grandes partidos se han declarado la guerra. Todo ello consecuencia de la contestación de la Alcaldesa al concejal Miguel Cantero diciendo que la denuncia por presunta corrupción, que implica a tres ediles socialistas (Blas Raimundo, Enrique Tornero y Francisco Barbancho), era "una novela por capítulos, producto de su imaginación".
Hace unos días el PSOE de Plasencia respaldaba a los tres concejales imputados por malversación. La Asamblea Local del PSOE de Plasencia aprobó una resolución de "apoyo y respaldo unánime" a los tres concejales del Grupo Municipal Socialista imputados en un presunto delito de malversación de caudales públicos.
"Siempre he actuado con rigor y jamás he validado nada que no se ajustara rigurosamente al procedimiento", es lo que mantiene Barbancho cuando recuerda que ese procedimiento pasa primero porque el Concejal de turno hace una propuesta de pago, el Interventor la examina después y da un sí o un no a esa factura y el Concejal de Hacienda la valida si el Interventor ha dicho que si y no la valida en caso contrario; "y, por último, la Alcaldesa valida si todo está bien".
El procedimiento de validación de facturas, según explica Barbancho, pasa por varias fases:
1.- El Concejal de turno hace una propuesta de pago.
2.- El Interventor la examina para dar un sí o un no a esa factura.
3.- El Concejal de Hacienda la valida o no en función del criterio del Interventor.
4.- "Por último --añade Barbancho-- la Alcaldesa valida si todo está bien”.
"Siempre he actuado con rigor y jamás he validado nada que no se ajustara rigurosamente al procedimiento", es lo que afirma una y otra vez Barbancho con respecto a la posible fragmentación de proyectos en varias facturas pequeñas para evitar el concurso público.
Desde mi punto de vista existe un procedimiento previo y obligatorio a seguir antes de tomar cualquier decisión y es el relativo a conocer la normativa aplicable, todo procedimiento a seguir está regulado por las leyes antes que por la costumbre o práctica burocrática. Más cuando el Interventor municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería pública licitación para adjudicarlas. Y aún más, también advirtió, al menos en uno de los expedientes, y de forma expresa, que "se prohíbe su fraccionamiento", pese a lo cual se habría hecho así para poder adjudicárselas directamente. Tengamos en cuenta que el valor de las obras que se investigan es superior al millón de euros.
Recordemos que trabajos en San Miguel y la sede del Club de Piragüismo, también han sido denunciados. Se repetían las órdenes de pago al mismo nombre y por el mismo concepto.
Hasta ahora, se conocían cuatro obras, el Aparcamiento Provisional en las Huertas de La Isla, trabajos de mantenimiento en la Ciudad Deportiva, la Pista de Motocross y Autocross y obras en la Piscina Climatizada. En conjunto y, según la denuncia de la Fiscalía Provincial de Cáceres, superaban los 615.000 euros. Pero mediante la prensa hemos podido saber que son más las obras objeto de investigación, entre ellas, trabajos en Instalaciones Deportivas de San Miguel y en la sede del Club de Piragüismo, que se encuentra en el parque de La Isla.
El denominador común es el fraccionamiento del coste de las obras para no tener que sacarlas a concurso público y adjudicarlas a dedo a la misma empresa, según la denuncia de la Fiscal-Jefe Provincial.
En la documentación aportada en la investigación --un expediente que ronda los mil folios-- se encuentran órdenes de pago municipales que prueban el fraccionamiento porque, por cada obra, hay un cúmulo de órdenes emitidas el mismo día y por el mismo concepto a la misma persona. Ese era el modus operandi, según la Fiscalía Provincial de Cáceres, en la mayoría de los casos.
Sigamos analizando titulares y noticias de prensa.
Dice Barbancho: "Proclamo mi inocencia, siempre he actuado con todo rigor". El edil imputado afirma que validaba solo las facturas tras el 'sí' del Interventor.
El Concejal quiso aclarar su papel a la hora de dar el visto bueno a las facturas que, según el informe de la Fiscalía Provincial, firmaban los concejales Enrique Tornero y Blas Raimundo tras fraccionar proyectos para no tener que sacarlos a licitación pública y adjudicarlos al constructor imputado.
Barbancho explicó que "el Concejal hace la propuesta; el Interventor la examina, nunca el Concejal, y da un sí o un no a la factura, que después pasa al Concejal de Hacienda, que solo la valida, no la firma y solo si el Interventor ha dicho sí y, por último, la Alcaldía la valida si todo es correcto", subrayó.
Cabe recordar que, según el informe de la Fiscalía Provincial, el Interventor hizo constar en los expedientes administrativos que para adjudicar las obras que se investigan se requería una licitación pública. También advirtió el Interventor, al menos en uno de los expedientes y de forma expresa, que estaba prohibido su fraccionamiento.
Para eludir un concurso público, la Fiscalía señala que se fraccionaba el pago de la obra. El caso más llamativo es el de las obras de mantenimiento de la Ciudad Deportiva. En total se le entregaron 285.000 euros, cantidad que fue fraccionada en 29 facturas.
Hay otra 'obra mayor', la de la cubierta de la Piscina Climatizada, que costó en total 130.000 euros; ese dinero se fraccionó en 13 partes.
Otra obra investigada es la de una Pista de Motocross, que se anunció en el programa del PSOE en las elecciones de 2007 y que, en buena lógica, podría ser costosa. Al constructor se le entregaron 104.000 euros en varias facturas. A la Fiscalía no le cuadra que en varias facturas se dupliquen los conceptos. El vallado, cerramiento y compactación del terreno aparecen en varias de ellas.
Las facturas eran firmadas por los dos concejales imputados. Pasaban al Concejal de Hacienda Francisco Barbancho y luego al Interventor. Éste, en varias ocasiones, señaló por escrito que no se podía fraccionar el pago; pero pese a sus indicaciones se daba la orden de pagar.
La Fiscalía ha señalado que en estos hechos se pueden ver cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.
El Interventor placentino advirtió de que la forma de adjudicar ciertas obras no era legal.
En el informe de la Fiscal-Jefe Provincial se hace constar la presunta connivencia de Raimundo y Tornero con dicho constructor para "la adjudicación de obras al margen de los procedimientos legalmente establecidos, mediante el fraccionamiento de los importes" de determinados proyectos.
Dado el importe de cada una de estas obras, todos superiores a los 100.000 euros, el Interventor municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería pública licitación para adjudicarlas. Y aún más, también advirtió, al menos en uno de los expedientes, y de forma expresa, que "se prohibe su fraccionamiento", pese a lo cual se habría hecho así para poder adjudicárselas directamente.
Reitero, desde mi punto de vista existe un procedimiento previo y obligatorio a seguir antes de tomar cualquier decisión y es el relativo a conocer la normativa aplicable, todo procedimiento a seguir está regulado por las leyes antes que por la costumbre o práctica burocrática. Más cuando el Interventor municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería pública licitación para adjudicarlas. Y aún más, también advirtió, al menos en uno de los expedientes, y de forma expresa, que "se prohíbe su fraccionamiento", pese a lo cual se habría hecho así para poder adjudicárselas directamente. Tengamos en cuenta que el valor de las obras que se investigan es superior al millón de euros.
Creo sinceramente que el PSOE se ha equivocado en dar su "apoyo y respaldo unánime" a los tres concejales del Grupo Municipal Socialista imputados en un presunto delito de malversación de caudales públicos, sin exigirles siquiera asumir su responsabilidad política por una práctica reprobable. Pues, como dice el Fiscal-Jefe Provincial, no se puede optar por "la adjudicación de obras al margen de los procedimientos legalmente establecidos, mediante el fraccionamiento de los importes".
Lo más probable es que los concejales no se hayan llevado ni un duro a sus casas, pero la práctica, el procedimiento es irregular; de eso son conscientes hasta las concejales imputados, pues en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Plasencia de hace un mes, el Concejal de Obras, Blas Raimundo, pronunció la siguiente frase: "Siempre diré que soy honrado; el juez me acusará y me condenará, pero que quede claro que ni yo ni mi compañero nos hemos llevado un euro".
Si la ley prohíbe el fraccionamiento de facturas para evitar así el poder adjudicarlas directamente, el procedimiento, la práctica de fraccionarlas no se puede llevar a cabo. Y quién la lleve a cabo sabiendo que está actuando en fraude de ley, ha de dimitir del cargo que ocupa. Si una ley está mal elaborada se habrá de trabajar por cambiar la ley, no por vulnerarla; y mucho menos conscientemente, pues el Interventor del Ayuntamiento hizo constar de forma expresa que los expedientes requerían pública licitación para adjudicarlas y que "se prohíbe su fraccionamiento". Además, si el día de mañana una persona cercana o familiar de uno de los concejales imputados quedara en paro y ese concejal pidiera el favor al constructor de colocarlo en su empresa ¿se podría negar el constructor a contratar a ese familiar o persona cercana al concejal imputado? ¿No ha beneficiado el concejal imputado presuntamente al constructor? ¿No sería lógico la devolución del favor? Estas cosas son las que la ley intenta prevenir cuando mandata adjudicar a través de licitación pública.
Pero lo dicho, si una ley está mal elaborada se habrá de trabajar por cambiar la ley, no por vulnerarla.
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Aquí parece que el que medio se salva es el interventor, aunque no se dice si fue él el que denunció los hechos, o solo lo hacía constar en los expedientes...
ResponderEliminarSi por último, la alcaldía valida todo el proceso... la responsabilidad última, recae en la alcaldesa. Si finalmente se aclara y resultan imputados los concejales, deberían dimitir, y la alcaldesa también.
Saludos.
Hola amiga Helena:
ResponderEliminarEse ha sido el error del interventor, que debería haber sido él quien denunciara estos hechos a la Fiscalía. Lo primero es no autorizar y lo segundo denunciar estas prácticas incorrectas. Quien denunció fue Miguel Cantero ejerciendo sus competencias como concejal. Pero estas cosas deberían ponerlas en conocimiento de la fiscalía cualquiera que tuviera idea de ellas.
Los concejales están intentando salvar su responsabilidad tratando de derivarla al interventor. Pero es obvio que estaban informados de que esa práctica no deberían haberla llevado a cabo.
La Alcaldesa también debería de dimitir si conocía esas indicaciones del Interventor. De no ser así debería pedir la dimisión de aquellos concejales que de ello eran conocedores.
Recibe un abrazote amiga Helena.
Amigo Javier, como ves en este asunto de los concejales denunciados por la fiscalia de Caceres, ellos siempre trataran de salvar "su pellejo" y con tal de salir bien parados, creeme amigo Javier haran todo lo habido y por haber, recuerda que ellos no han hecho nada malos, si tiene que pringar el interventor pues le haran pringar, o quien sea, claro esta que el psoe en plasencia creo que lo tiene muy dificil si no imposible en las proximas elecciones, los placentinos estan ya hartos de estas cosas que pasan con las personas que les confian su voto cada cuatro años y luego Plasencia sigue igual, a penas prospera o no prospera donde debiera, en fin Javier buscate una buena alternativa politica, de personas que no tengan interes ninguno por unas siglas, que lo unico que les interse de verdad sea la pros peridad de Plasencia que falta le hace y mucha.
ResponderEliminarBueno, será presunta la comisión del delito, pero no la imputación. Quiero decir, puede haber sospechas sobre la comisión pero no sobre si el órgano competente ha realizado imputación o acusación. Lo digo por el primer párrafo ;-)
ResponderEliminarEl fraccionamiento de facturas, por lo que comienzo a conocer, es práctica común de algunos burócratas —no afirmo que sea el caso que nos ocupa— para evitar, en fraude de ley, el "engorroso" trámite democrático de sacar ciertos contratos a concurso público en igualdad de condiciones. Es algo que denuncia en ocasiones la diputada de I.U. en la Comunidad de Madrid Dª Reyes Montiel, que ha tenido que vérselas con documentación Gürtel.
Como suelo decir, algunos son sólo capitalistas (libre competencia, concurrencia o concurso empresarial) cuando les interesa. Lo digo por los empresarios que en ocasiones se benefician de estas prácticas de ajudicación de obras públicas sin haber pasado por el concurso en igualdad de condiciones con sus competidores empresariales. De libre competencia, gaitas. Más lucrativo que ser capitalista es ser un listillo o pirata —que no son los que comparten la música que tiene por Internet—.
La ley que prohibe el fraccionamiento y obliga a sacar las obras a concurso público da una cierta igualdad de oportunidades a las empresas privadas concursantes. Lo contrario sería un trato de favor para unas empresas concretas, en función de cuáles fuesen capaces de seducir mejor al burócrata. Es injusto para los demás, va contra el principio constitucional que prohibe el enriquecimiento injusto y favorece, efectivamente, que se abra un sucio comercio de favores entre burócratas y empresarios que no favorecería en nada, antes todo lo contrario, al ciudadano que ha de verse proveido y disfrutar de esas obras públicas en las mejores condiciones. Recordemos también que en última instancia es el ciudadano el que las paga con el dinero público de las contribuciones tributarias.
Un abrazo y energía para trabajar por acabar con estas prácticas injustas y chapuceras que nos hacen ser un país de segunda, donde unos pocos se enriquecen injustamente a costa de que otros muchos sufran perjuicios porque las obras no se han hecho en las mejores condiciones.