Según nos informan los sindicatos, Extremadura cuenta con 60.000 empleados públicos (Junta, Administraciones Locales y Universidad) que van a verse afectados por la nueva Ley Regional de la Función Pública.Las organizaciones sindicales piden a la Junta un foro de diálogo social para negociar la mencionada Ley Regional de la Función Pública.
La pretensión es la de buscar las herramientas idóneas para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía, a través de la satisfacción de las inveteradas demandas de los asalariados con que cuenta la administración pública en Extremadura.
Un objetivo que debe de tenerse en cuenta en este proceso de Diálogo Social es el relativo a la evaluación. Pues mantengo, y así en más de una ocasión lo he manifestado, que si el mayor potencial productivo con que cuenta cualquier empresa, y en especial la Empresa Pública, no es evaluado adecuadamente, los servicios que se presten serán, obviamente, deficientes.
¡y atención!, el potencial productivo, esto es, los empleados públicos, sólo pueden dar lo que a su vez, por sus superiores, a ellos se les entrega.
De unos ineficaces y burocráticos estilos de dirección, difícilmente pueden obtenerse unas buenas prácticas de servicio satisfactorio y competente al ciudadano.
Fdo.: Javier Caso Iglesias. Plasencia (Cáceres)
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