jueves, 1 de septiembre de 2016

10 medidas para el impulso de PYMES y Autónomos

Con estas 10 medidas queremos abrir un debate que ayude a dar ese apoyo e impulso que requieren y necesitan los emprendedores, autónomos y pequeñas empresas de este país. Las medidas que se proponen para ser reflexionadas y opinadas son las siguientes:

1.- Instaurar un derecho al crédito para empresas y familias. Reconocimiento en nuestra Constitución de un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial, así como una reforma financiera que también parta del reconocimiento del crédito como un bien público esencial para la economía. Esta catalogación del crédito como un derecho se instala tras un diagnóstico claro: El crédito concedido por los bancos en estos momentos es 336.696 millones de euros menor que el concedido de finales de 2007, y 171.953 millones también más bajo que a finales de 2010. Lo que significa que el dinero dedicado a salvar a los bancos no ha sido útil para recuperar la financiación a los emprendedores, pymes y autónomos sino más bien para todo lo contrario.

2.- En línea con el punto anterior, se hace necesario renovar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que reciba préstamos del Banco Central Europeo y estas ayudas se produzcan en las mismas condiciones que la banca privada, y pueda así asegurar que la financiación llegue a los emprendedores, pymes y a los autónomos que lo necesitan con tanta urgencia. Además, apoyamos la apertura de nuevos yacimientos de inversión similares a las experiencias que se han desarrollado en otros lugares de Europa o Estados Unidos: cooperativas financieras de cercanía, centrales de depósitos, cajas o cooperativas de ahorros y crédito vinculadas a corporaciones y colegios profesionales, universidades, barrios y otros grupos de población.

3.- En España, a pesar del gran peso de la pequeña y mediana empresa, existe un reducido núcleo de grandes empresas que tienen una gran capacidad para imponer políticas y normas legales que les resultan beneficiosas, pero muy lesivas para las pymes. Partiendo de ello se hace necesario proponer políticas para que esas grandes empresas respeten normas elementales de responsabilidad y competencia y no impongan su poder de mercado al tejido empresarial que realmente es el que crea más empleo y cohesión social.

4.- Mayor impuesto de sociedades para grandes empresas y reducción, en la misma cuantía para las pymes. En cuanto al impuesto de sociedades sería conveniente elevar el tipo real para las mayores empresas del país con beneficios superiores al millón de euros. Según los cálculos este aumento del tipo supondría 14.000 millones de euros para las arcas del Estado. Dinero que iría destinado a las PYMES y a los Autónomos que verían reducidos sus impuestos en igual cuantía.

5.- Lucha contra el fraude fiscal. Habría que apostar por luchar de forma intensiva contra el fraude fiscal en grandes fortunas y corporaciones empresariales, cifrado en 25.000 millones de euros. Este dinero debería ir también destinado a la reducción de impuestos y el establecimiento de estímulos a las pymes y autónomos.

6.- Revisión de las bases de cotización del IRPF. Al objeto de garantizar que el sistema sea progresivo y que se cotize por ingresos reales en el caso de autónomos y por cuenta propia. Para lograr un sistema progresivo capaz de adecuar el pago de las cuotas a los ingresos se requeriría un nuevo modelo que integre tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. Un sistema que congele, reduzca e incluso pueda suspender la base mínima para los autónomos con más dificultades y cuyos ingresos sean menores del SMI.

7.- Establecimiento de cuotas porcentuales y progresivas según el rendimiento neto de los Autónomos, siempre y cuando supere una facturación por encima del salario mínimo. Así como alta gratuita para los Autónomos que facturen por debajo del salario mínimo interprofesional.

8.- Facilitar la participación de los Autónomos y de las PYMES en la contratación pública, ofreciéndoles asistencia jurídica gratuita en los procesos de concursos públicos; así como reservando, por ejemplo, el 25% de la contratación pública a los Autónomos y a las PYMES.

9.- Equiparación de las prestaciones del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) con el Régimen General de la Seguridad Social.

10.- Un Autónomo cobra una pensión media un 37% menor que un asalariado. Para contribuir a mejorar el acceso y calidad de la prestación por jubilación de los Autónomos sería necesario afianzar un sistema de aportaciones a la Seguridad Social que garantice una cuantía mínima en la prestación por jubilación por encima del SMI; así como el acceso a jubilación anticipada a los 61 años en mismas condiciones que los trabajadores adscritos al Régimen General.
 
Para conocer mejor la realidad de las PYMES y de los Autónomos en España se acompaña este retrato de las mismas(*):

En España hay unos 3 millones de trabajadores autónomos y un 25% son mayores de 55 años.

En España hay 3.114.361 empresas, de las cuales 3.110.522 (99,88%) son PYMES (entre 0 y 249 asalariados).

En comparación con la Unión Europea, las microempresas (de 0 a 9 empleados) en España suponen el 95,8% del total de empresas, 3,4 puntos por encima de la estimación disponible para el conjunto de la UE.

Atendiendo a la distribución sectorial se observa que el 85,8% de las empresas industriales son microempresas, y de ellas el 47,4% tienen entre 1 y 9 empleados. En los sectores de construcción y resto de servicios aglutinan el mayor número de empresas (con un 61,5% y un 55,1% respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados. En el sector comercio, cerca del 50% son microempresas sin asalariados y el 47% tienen entre 1 y 9 empleados.

Las PYMES españolas mantienen una particular importancia en su contribución a la generación de empleo empresarial, ocupando al 66% del total de trabajadores, frente al 34% de las grandes empresas. En particular, las empresas de menor dimensión son las que emplean un mayor número de trabajadores en el tramo de las PYMES. Las microempresas y las pequeñas empresas, representan respectivamente el 32,6% y el 18,6% del empleo total.

La persona física (autónomo) es la forma predominante en la constitución de una empresa. La sociedad limitada aparece en segundo lugar, la comunidad de bienes en tercero y la sociedad anónima en cuarto lugar. Esta última forma jurídica está perdiendo protagonismo en favor de la sociedad limitada y la comunidad de bienes, y es previsible que este trasvase se siga produciendo por la mayor idoneidad de la sociedad limitada para la constitución de una empresa de pequeña dimensión.

Atendiendo al tamaño empresarial, se observa como las empresas sin asalariados optan por la persona física como forma predominante, seguida de la Sociedad Limitada. En todos los tramos de PYME con asalariados la Sociedad Limitada es la forma jurídica más representativa, mientras que la Sociedad Anónima es la forma mayoritaria en las grandes empresas.

(*) Datos de la Subdirección General de Apoyo a las PYMES

Información relacionada de interés:

El decálogo de propuestas de los autónomos para mejorar sus condiciones de trabajo y crear empleo
http://goo.gl/3PsmBy

Propuestas para mejorar el acceso de los autónomos a la jubilación
http://goo.gl/FHbh4X

Propuestas electorales de todos los partidos dirigidas a los autónomos
http://goo.gl/5v35pt

Comparativa de propuestas electorales para los autónomos
http://goo.gl/BrZOPP



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