Torrente 6, Misión en Plasencia o Plasencia Vice (Corrupción en Plasencia)

Si Plasencia fuera Marbella ¿Quién sería Cachuli y quién la Pantoja? ¿Vendrá Santiago Segura a la ciudad a filmar Torrente 6 (Misión en Plasencia) o Don Johnson a protagonizar Plasencia Vice (Corrupción en Plasencia)?

Por una parte el Tribunal de Cuentas investiga adjudicaciones de la Junta de Extremadura a ex altos cargos socialistas por nueve millones de euros. El Tribunal pone así sobre el tapete no sólo las contrataciones de la Junta, sino también toda una red de concesiones públicas continuadas a empresas de ex altos cargos socialistas. Según el diario El Mundo figura entre ellas: "la rehabilitación e la antigua Casa Grande de Cáceres, con múltiples indicios de ilegalidades por parte de la empresa placentina Arcoex S.L. En ella figura como apoderado y socio Antonio Olivenza Pozas, ex director general de Migraciones de la Consejería de Bienestar Social, ex diputado nacional y ex senador. La empresa ha recibido contratos de la administración de forma continuada tras la incorporación de Olivenza. A dicha empresa, Arquitectura y Construcción de Extremadura (Arcoex) se incorporó el pasado 21 de junio Federico Suárez, ex presidente de la Asamblea extremeña, ex senador y ex presidente del PSOE extremeño hasta verano de 2008, también en calidad de socio y miembro del consejo".

El problema, según Don David Vigario, "es que puede haberse incumplido de forma manifiesta el artículo 6 de la Ley de Incompatibilidades Autonómica 5 / 1985, que prohíbe tajantemente a los ex altos cargos licitar o recibir adjudicaciones en los dos años siguientes, como mínimo, a su cese en la administración. Sin embargo, Arcoex, con sede en Plasencia (Cáceres), recibió cinco grandes adjudicaciones de la Junta por un importe de 2.433.996,09 euros desde que Olivenza dejó su puesto político, entre el 20 de julio de 2007 y los dos años siguientes. Incluso, una de estas contrataciones durante el periodo prohibido, realizada el 7 de febrero de 2006, fue además adjudicada de forma directa por la misma persona que le nombró para el cargo, la ex consejera Leonor Flores, que luego sería también consejera de Cultura y Turismo en esta legislatura, hasta que presentó su renuncia el pasado 27 de mayo alegando una enfermedad. Pasado este periodo, la empresa ha seguido recibiendo múltiples adjudicaciones. En concreto, desde que el ex alto cargo de la Junta ocupara su puesto en el Ejecutivo socialista hasta 2010, la sociedad se ha beneficiado de 22 grandes obras, por un importe de 9.371.279 euros. La primera adjudicación supuestamente irregular a Arcoex se produjo el 16 de octubre de 2007, tan solo ocho días después de que Antonio Olivenza fuera nombrado miembro del Consejo de Administración de la empresa, como figura en el Registro Mercantil".

Por otra se nos informa, por parte de la periodista Raquel Rodríguez en un excelente artículo publicado en El Periódico Extremadura, que el magistrado que lleva el caso por presuntos fraccionamientos irregulares de obras municipales para adjudicarlas de forma directa como obras menores "se pronuncia, por primera vez, en el sentido de que ve indicios de delito y mantiene a Barbancho como imputado" y, cito literalmente, "argumenta que hizo caso omiso a las observaciones del interventor. Dice que la obra del parking sí se fraccionó y se inició antes de adjudicarse"

Recordemos que estos hechos serían constitutivos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraudes y exacciones ilegales. Hechos por los cuales está imputada la Alcaldesa de Plasencia, Elia Mª Blanco, y tres de sus concejales.

En ese mismo artículo que recomiendo leer, se dice que el juez "en su escrito considera que Barbancho tuvo responsabilidad en los hechos por su condición como concejal de Hacienda, ya que dio el visto bueno a todas las propuestas de gasto y destaca el magistrado que hizo caso omiso a las observaciones del interventor municipal. Estas advertían sobre la repetición de facturas y señalaban que, por sobrepasar la cantidad de una obra menor, debían salir a concurso público".

Con respecto a la obra que el concejal adjudicó directamente como alcalde en funciones, la del aparcamiento de La Isla, "el juez es rotundo porque considera que hubo fraccionamiento; que se justificó el fraccionamiento en la insuficiencia de crédito, pero ha quedado demostrado que había casi 300.000 euros de crédito y destaca que el edil permitió que la obra comenzara antes del decreto de adjudicación e inició el expediente con un decreto sin firma".

Dice también esta brillante periodista, a la que agradecemos desde aquí la información objetiva que nos está trasladando a través de El Periódico Extremadura, que "otro aspecto en el que la defensa de Barbancho se basó en su escrito fue en la actuación del interventor, que no consideró correcta porque en ninguna de las obras se siguió 'un pormenorizado y detallado sistema de reparos', que tachaba de 'meras observaciones' y señalaba que debía haber informado al pleno. En respuesta a esto, el juez ha recibido un escrito del interventor municipal en el que aclara sus funciones y afirma que, según la normativa vigente y al tratarse de obras menores, su función no es otra que la de señalar si existe o no consignación presupuestaria para el gasto que se propone y, de forma voluntaria, puede realizar observaciones a las que tiene acceso el concejal de Hacienda".

A mi me resulta muy curiosa la utilización de este argumento por parte de la defensa de Barbancho, pues parece muy similar a uno que por mi parte exponía en un artículo de opinión que remitía a los medios de comunicación el pasado día 20 de noviembre de 2010 y en el cual decía.-

Que si, por una parte, la fiscal-jefe provincial, Marta Abellán, ha señalado -en la denuncia que remitió al juzgado- que el interventor municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería licitación para adjudicar las obras; así como que Del Olmo (Interventor) también advirtió, al menos en uno de los expedientes, y de forma expresa, que "se prohíbe su fraccionamiento".

Que, si es cierto, que el Interventor ha presentado ante el juez los documentos que prueban estas objeciones.

Lo suyo, leyendo el Artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sería que el Interventor elevara informe (informe de resolución de discrepancias) de todas las resoluciones adoptadas por la Alcaldesa de Plasencia contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Argumento que volví a utilizar en mi artículo de fecha 4 de enero de 2011 y titulado: "Llegado este momento, en el Ayuntamiento de Plasencia alguien debería tirar de la manta" y al que me respondió Don José Luis García Macías (fue director general de Presupuestos desde 1984 a 1986 con Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente de la Junta de Extremadura. Hoy, José Luis García Macías es uno de los tres socios de SYC Informática S. L. Es la empresa que ha instalado el sistema contable del Ayuntamiento de Plasencia. Un programa para la contabilidad que completó hace tres años con un programa que gestiona las propuestas de gastos, que antes se hacían de forma manual).

Las siguientes son sus palabras que vienen a dar veracidad a lo que le hace llegar el interventor municipal al juez (y que, como nos reseña El Periódico Extremadura, "afirma que, según la normativa vigente y al tratarse de obras menores, su función no es otra que la de señalar si existe o no consignación presupuestaria para el gasto que se propone y, de forma voluntaria, puede realizar observaciones a las que tiene acceso el concejal de Hacienda"). Lo dicho, las siguientes son las palabras de Don José Luis García Macías.-

"Buenas tardes: Soy José Luis García Macías. Respecto al artículo publicado sobre el procedimiento judicial abierto a funcionarios y representantes políticos del Ayuntamiento de Plasencia, me gustaría puntualizar lo siguiente: En la entrevista publicada por el diario Hoy sobre el procedimiento administrativo de gestión de los contratos menores, controlado por el programa informático elaborado por nuestra empresa, se incluye una frase que es una interpretación de la periodista, cuando indica "es en las observaciones, que son lo mismo que reparos". En el caso que nos ocupa, como bien le indiqué a la periodista del diario Hoy, los contratos menores, que se definen en función de la cuantía, la fiscalización del Interventor se limita a la verificación de la existencia de crédito, a la comprobación de la adecuación de la naturaleza económica del gasto, y al procedimiento administrativo. En este caso, si el Interventor comprueba que todas las condiciones se cumplen, el gasto propuesto es correcto y no emite nota de reparo. La observación realizada por el Interventor obedece a su deber de información de la posibilidad de incurrir en tracto sucesivo o en fraccionamiento de la obra. En el caso de haber emitido una nota de reparo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 216.2 del RDL 2/2004 del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se debería haber suspendido la tramitación del expediente. De no suspenderse la tramitación del expediente, el Interventor tendría que reparar el reconocimiento de la obligación y el pago. En conclusión, en el caso que nos ocupa, las observaciones del Interventor de Plasencia no son reparos, sino advertencias sobre la posible irregularidad que podría cometerse. Un saludo. José Luis García Macías".

-o-o- Espacio destinado a la difusión de mensajes de utilidad social -o-o-

ESPACIO CIUDADANO POR PLASENCIA

Espacio Ciudadano por Plasencia es un foro para el debate, un think tank (institución investigadora y de análisis), para el intercambio de ideas y la participación en la que pueden estar integradas tanto personas a nivel individual como organizaciones y colectivos sociales.

Contacta con nosotr@s:
espaciociudadano@hotmail.es
www.espaciociudadanoporplasencia.blogspot.com/
www.facebook.com/group.php?gid=137990929579035
697539040 y 699031959