Segundo aniversario de la abolición de la Constitución Española a manos del PPSOE

Por estas fechas se cumple el segundo aniversario de la abolición de la Constitución Española, a manos del PPSOE, a través de la reforma del artículo 135 de la misma (pleno del Congreso, 2 de septiembre de 2011).

El 2 de septiembre de 2011, a propuesta del PSOE y con la complicidad y el respaldo del PP, tuvo lugar el acto más ruin, vil, bajo, despreciable, abyecto y canalla perpetrado contra nuestra democracia.

La reforma constitucional del PPSOE al margen de la ciudadanía, sin convocar un referéndum vinculante, supuso un golpe de estado encubierto que dejó indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales.

Cuando celebrábamos el 200 aniversario de la abolición de la Inquisición española, los diputados del PPSOE, dirigidos tras las bambalinas por Angela Merkel y comandados por sus felones ZP y Rajoy, se pusieron de acuerdo, aquél fatídico viernes 2 de septiembre de 2011, para orquestar un nuevo acto inquisitorial contra el pueblo español y restaurar el Santo Oficio, el de la Troika Comunitaria formada por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE); así como su santo dogma de robar a los pobres para dárselo a los ricos.

La reforma constitucional, votada por el PPSOE el 2 de septiembre de 2011, ha forzado el equilibrio de la balanza fiscal española para garantizar el pago de la deuda a Europa, implicando ello una pérdida total de soberanía económica. A partir de ese fatídico 2-S-2011, los intereses y el capital de la deuda gozan de prioridad absoluta, por encima de cualquier gasto social. Buena parte de la nueva deuda que emitimos se destina a pagar la deuda ya existente, llevándonos a una espiral de deuda que jamás podremos terminar de pagar. Un gran negocio para nuestros acreedores, que principalmente son la banca francesa y alemana.

Como se afirma desde el 15M, la reforma constitucional, votada por el PPSOE el 2 de septiembre de 2011, al margen de la ciudadanía, sin convocar un referéndum vinculante, ha supuesto un golpe de estado encubierto que ha dejado indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tiene, como estamos viendo, como consecuencia directa e inmediata el desmantelamiento de las garantías sociales, que eran la base de la Constitución española de 1978; Pues su aplicación está significando la abolición de la Constitución. Si el estado no puede pagar absolutamente nada, ni negociar, ni mantener los servicios públicos, ni el país en funcionamiento, todos los demás artículos de la constitución quedan en nada.

La reforma constitucional, votada por el PPSOE el 2 de septiembre de 2011, ha supuesto limitar la capacidad de financiación del Estado y con ello principalmente los gastos sociales, desde las pensiones, sanidad, educación, ... hasta los transportes, cuerpo de bomberos, salario de funcionarios, etc...

Para ver con más claridad el daño causado por la reforma constitucional, votada por el PPSOE el 2 de septiembre de 2011, pongamos el siguiente ejemplo que nos ofrecen los activistas del 15M:

En la liquidación de las empresas, cuando quiebran, lo primero que se pagan son los salarios y después al resto de proveedores, porque se considera que los asalariados son la parte débil que no debe pagar los riesgos que supone un negocio, ya que no se beneficia cuando aumentan los beneficios. La gran diferencia es que en este caso se prioriza y beneficia a los bancos, que evidentemente no son la parte débil, pero sí son quienes realmente redactan nuestra leyes.

En determinados momentos nos encontramos con que los intereses de la deuda pública se disparan; por ejemplo ahora Grecia tiene los intereses por encima del 10%. En estos casos, normalmente acaba con una suspensión de pagos y negociación con los bancos con quien tienen la deuda.

Lo normal es que en una suspensión de pagos, se suspendan los pagos de deuda pública, porque son los que han asumido un riesgo, precisamente porque obtienen muchos beneficios a través de la prima de riesgo, pero que se sigan pagando nóminas, prestaciones, servicios públicos y todo lo demás para que el estado siga funcionando.

La reforma constitucional lo que ha implantado es que no se pueda hacer esto. Lo que se ha ordenado es la paralización inmediata del Estado en pro del pago a la banca, ya que estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Incluso en el caso de tener superávit, en un momento de falta de liquidez, no se permitiría pagar nada hasta no haber liquidado la deuda.